Colombia exporta soldados.

No es una frase retórica. Es una realidad que empieza a tomar dimensión global.

Según la ONU, más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en conflictos armados en países como Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo.

El fenómeno no solo existe. Va en aumento.

Así lo advirtió el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios del organismo internacional, que alertó sobre los riesgos que implica esta tendencia para los Estados y para la seguridad global.

Detrás de estas cifras hay un patrón claro: la mayoría son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad colombianas, altamente entrenados y, por eso mismo, altamente demandados en el mercado internacional de la guerra y la seguridad privada.

No es casualidad.

Colombia lleva décadas formando personal con experiencia real en conflicto. Y hoy, ese conocimiento se está convirtiendo en un activo exportable… en los escenarios más violentos del mundo.

Pero el problema va más allá de lo económico.

El crecimiento de este fenómeno plantea desafíos legales, éticos y de seguridad. ¿Quién controla a estos combatientes? ¿Bajo qué reglas operan? ¿Qué pasa cuando regresan?

La ONU ya encendió las alertas.

Y la pregunta que queda es incómoda:

¿Está Colombia preparada para enfrentar las consecuencias de haber formado —y ahora exportado— miles de hombres para la guerra?