El Gobierno Petro repartió $31 billones en más de 80 mil contratos “a dedo” según lo reveló el diario El Tiempo.
La promesa: llevar recursos directamente a las comunidades.
La realidad: ejecución mínima y resultados pobres.

Las cifras no dejan mucho espacio para la interpretación.

Asociaciones comunales recibieron $25 billones. Consejos comunitarios, resguardos y cabildos sumaron miles de contratos más. Pero la mayoría sigue sin terminar.

El caso más evidente: Caminos para la Paz.
De 33 mil kilómetros prometidos, apenas se ha construido el 7%.

No es un problema menor. Es estructural en un gobierno sumido por escándalos de corrupción.

Porque aquí no solo falló la ejecución. Falló el modelo.

Un esquema que evitó la competencia, debilitó los controles y concentró decisiones en la discrecionalidad política. Y que, además, ya fue tumbado por la Corte Constitucional.

El argumento oficial era la “economía popular”.
Pero cuando los resultados no aparecen, el discurso no alcanza.

En cualquier gobierno, gastar billones sin resultados sería motivo de escándalo.
Aquí, parece que apenas empieza la conversación y los órganos de control tendrán que abrir las investigaciones que corresponden.

Y la pregunta es inevitable:

¿Fue una apuesta fallida… o una forma de repartir recursos sin suficiente control para hacer política electoral?

Porque en un país con tantas necesidades, el problema no es solo cuánto se invierte.

Es qué tampoco se ve.